El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad en Argentina y referente regional, atraviesa un conflicto que escala desde comienzos de 2024. Trabajadores del hospital, médicos residentes y personal de planta denuncian condiciones laborales y salariales críticas, que derivaron en una ola de renuncias y en la convocatoria a medidas de fuerza, como un paro total que estaba previsto para hoy.
En paralelo, el Gobierno nacional y autoridades del Ministerio de Salud sostienen que el hospital no está desfinanciado, sino que atraviesa un proceso de reestructuración istrativa para optimizar recursos y mejorar la gestión. La Secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria para intentar contener la huelga y abrir un espacio de diálogo.
Reclamos por salarios, vaciamiento y precarización
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, sintetiza el reclamo del personal: “Llegamos a un límite dramático por salarios que no alcanzan ni la línea de pobreza y condiciones laborales que llevan al éxodo de profesionales, incluidos especialistas de alta calificación.”
La situación salarial es crítica: los médicos de guardia pediátrica cobran alrededor de 6.000 pesos por hora, a pesar de estar a cargo de tareas de altísima complejidad, mientras que los residentes, que trabajan más de 60 horas semanales, perciben cerca de 700.000 pesos mensuales, lo que equivale a unos 3.000 pesos por hora. Según una actualización ajustada por inflación, este salario debería ser al menos el doble, superando el millón y medio de pesos mensuales.
Según las cifras de Lipcovich, un enfermero con 10 años en el hospital no llega a cobrar 900 mil pesos mensuales, mientras que un residente, con jornadas de más de 60 horas semanales, recibe este sueldo que ronda los 700 mil pesos, muy por debajo del costo de vida. Este deterioro salarial es, para Lipcovich, la causa de la renuncia de más de 100 profesionales en el último año y medio, con un impacto directo en la capacidad del hospital para atender a más de 600.000 consultas anuales. En lo que va del año, más de 200 profesionales renunciaron debido a la precariedad salarial y la sobrecarga laboral, sin que se hayan realizado concursos para reemplazarlos.
Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna, alerta sobre un “proceso de vaciamiento” que, a su juicio, forma parte de una política pública que apunta a reducir la responsabilidad estatal en la salud pública, algo que el Gobierno niega. En sus declaraciones, menciona la reducción de horarios en áreas clave, como la farmacia, que tuvo que restringir su atención tras la partida de siete farmacéuticos.
La voz del Gobierno: presupuesto garantizado y reorganización
Desde el Ministerio de Salud, la viceministra Cecilia Loccisano planteó una visión diferente. Según explicó, el Garrahan funciona con normalidad, cuenta con un presupuesto vigente y no enfrenta desfinanciamiento. El problema, dijo, es político y istrativo, ligado a prácticas ineficientes heredadas en procesos de compras y contratación que demandan una reestructuración.
Loccisano destacó que el 80% del presupuesto del hospital proviene del Estado nacional y el 20% restante de la Ciudad de Buenos Aires, ambos cumpliendo con sus compromisos. También subrayó que, tras un plan de eficiencia, se están ordenando los recursos, priorizando el gasto en el personal médico y mejorando la recuperación de costos mediante convenios con obras sociales.
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Uno de los puntos más discutidos es la proporción entre personal istrativo y médico. Desde la gestión señalan que actualmente hay 953 empleados istrativos frente a 478 médicos de planta, un dato que califican de “insólito” y que atribuyen a políticas anteriores, con un aumento del 59% en cargos jerárquicos durante la gestión anterior. Para el Gobierno, esta desproporción explica por qué, pese a contar con un presupuesto considerable (unos 228 millones de dólares este año), no se reflejaron aumentos salariales significativos para los médicos y residentes.
Impacto en la atención médica
La situación del Garrahan ya tiene consecuencias palpables en la atención. Pablo Puccar, jefe de clínicas de cuidados intermedios, advirtió que por primera vez en 20 años se cerró una sala de internación debido a la falta de personal para atender a los pacientes, y que se tuvieron que limitar los ingresos de internados, lo que calificó como “una desgracia”.
Esta medida afecta a niños y niñas que requieren internación para continuar tratamientos, muchos derivados de otras provincias, y agrava una cadena asistencial que hasta ahora había sido un orgullo regional. El hospital atiende el 40% de los casos oncológicos pediátricos del país, y la restricción en la capacidad operativa pone en riesgo la continuidad de tratamientos críticos.
El Ministerio de Trabajo intervino para evitar una escalada del conflicto y dictó conciliación obligatoria por 15 días, suspendiendo la medida de paro convocada por residentes y personal de planta. En este periodo, ambas partes están convocadas a negociar para buscar una salida que permita preservar la atención médica sin interrupciones.
Aunque se acató la conciliación obligatoria, el personal del Hospital Garrahan decidió mantener la protesta con una movilización pacífica hacia el Ministerio de Salud, exigiendo financiamiento urgente para evitar el colapso. La asamblea del hospital destacó la crítica situación salarial y la masiva renuncia de profesionales, mientras se anticipa una audiencia pública en el Congreso para impulsar una ley de financiamiento que garantice la salud infantil.
Además del presupuesto estatal, el Hospital Garrahan genera ingresos propios a través del régimen de autogestión SAMIC, recaudando más de 2.000 millones de pesos mensuales, lo que suma más de 24.000 millones anuales. Sin embargo, estos recursos no se están utilizando para mejorar los salarios ni para cubrir las vacantes dejadas por las renuncias, lo que agrava la crisis operativa del centro.
Los residentes decidieron continuar con su huelga y movilización hacia el Ministerio de Salud para mantener la presión sobre las autoridades. Desde el hospital se recuerda que los residentes están inscritos en un régimen formativo con obligaciones estrictas que afectan el cobro de su estipendio, por lo que su ausencia impacta directamente en el funcionamiento.
Contrapuntos y un futuro incierto
La disputa evidencia un choque entre la necesidad de los trabajadores de mejoras salariales y mejores condiciones laborales, y la versión oficial que sostiene que el hospital está garantizado en recursos pero requiere una gestión más eficiente y un ordenamiento interno.
El riesgo de vaciamiento y el éxodo de profesionales se enfrentan con medidas istrativas para reducir cargos jerárquicos y reorientar el gasto. Los gremios denuncian un deterioro sin precedentes que afecta la salud pública, mientras que el Gobierno apunta a irregularidades pasadas y asegura que la inversión está garantizada.
