El fiscal general Abel Córdoba solicitó al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que Lázaro Báez, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la ruta del dinero K, regrese a prisión común para cumplir el resto de su condena, tal como lo consigna la Revista Quorum. La petición abarca también a otros dos condenados, el abogado Jorge Oscar Chueco y el contador Daniel Rodolfo Pérez Gadín, cuyas penas fueron confirmadas por la Corte Suprema. En cambio, para Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, pidió la libertad condicional, luego de cumplir la mayoría de su pena.
El fiscal argumentó que, tras quedar firmes las condenas por el rechazo de recursos ante la Corte Suprema, corresponde ordenar la captura y alojamiento en unidades del Servicio Penitenciario Federal de los condenados. Actualmente, Báez cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico en una mansión de El Calafate, Santa Cruz, desde julio de 2024. Este beneficio fue otorgado en 2020, cuando fue trasladado desde el Gran Buenos Aires para estar más cerca de su familia.
Báez fue detenido el 6 de abril de 2016 y estuvo cuatro años en el penal de Ezeiza, hasta que se le concedió el arresto domiciliario, una medida que generó debate público por su estado de salud y edad. Sin embargo, la ratificación definitiva de su condena llevó al fiscal a pedir que se revoque esta situación: “Culminado el trámite del cómputo practicado, solicito se ordenen sus capturas y alojamiento en unidad penitenciaria federal”, afirmó.
Asimismo, Chueco y Pérez Gadín deberán abandonar la prisión domiciliaria y cumplir sus condenas en cárceles federales, luego de que la Corte ratificara sus penas. Martín Báez, condenado a seis años tras la reducción de su pena inicial, permanece excarcelado bajo libertad condicional desde junio de 2023, tras cumplir arresto domiciliario en Río Gallegos. El fiscal consideró que cumplió las dos terceras partes de la condena, justificando la medida.
El presidente del TOF 4, Néstor Costabel, dio vista a las partes para que presenten sus argumentos antes de definir dónde cumplirán prisión los condenados, que suman más de veinte en total.
Los antecedentes de la causa Ruta del dinero K
La causa por la ruta del dinero K reveló una maniobra de lavado de activos por al menos 55 millones de dólares, centrada en Austral Construcciones, empresa de Báez que funcionó como eslabón clave para canalizar fondos presuntamente ilícitos.
La investigación detectó una estructura con sociedades pantalla y cuentas en Argentina y el exterior, principalmente Suiza, usadas para disimular el origen del dinero. El dinero era expatriado a través de bancos internacionales y luego regresaba al país mediante operaciones bursátiles con apariencia legal, caracterizando una “repatriación” de fondos ilegales.
Para legitimar esos fondos, Austral Construcciones adquirió bonos y otros activos. Parte del entramado incluía a la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, donde se filmó a Martín Báez y otros socios contando grandes sumas en efectivo. Estas imágenes fueron clave en la causa. Fabián Rossi, exapoderado de SGI y exmarido de la vedette Iliana Calabró, fue uno de los primeros condenados que se entregó esta semana para cumplir su pena.
El TOF 4 debe realizar el cómputo de penas considerando el tiempo cumplido en prisión preventiva o arresto domiciliario, para determinar las órdenes de captura y el cumplimiento efectivo de las sentencias.
Reacciones y próximos pasos judiciales
El fiscal Córdoba fundamentó su pedido señalando que “no se pueden sostener morigeraciones como el arresto domiciliario cuando hay una condena firme y la voluntad de la justicia es asegurar la ejecución de la sentencia”. La defensa podría intentar nuevas medidas, pero la Corte Suprema cerró la instancia de revisión.
En el caso de Martín Báez, la libertad condicional se ajusta a la ley para quienes ya cumplen la mayoría de su condena. En el plano político, la causa sigue siendo emblemática en la lucha contra la corrupción y el lavado durante el kirchnerismo.
El tribunal definirá en los próximos días dónde cumplirán prisión los condenados, poniendo fin a una de las causas judiciales más resonantes de la última década.
