En otros países en que el aborto por la sola voluntad de la mujer es ilegal —como Brasil o Chile— los nacimientos están a la baja al igual que en Uruguay y el resto de la región. De hecho, la leve suba en números absolutos de las interrupciones no explica tamaña caída de la natalidad. Pero en momentos en que la evidencia científica queda relegada ante las conspiraciones, no falta la asociación errada. Lo dijo el mes pasado el presidente argentino, Javier Milei: “Se les pasó la mano en atacar a la familia, atacar a las dos vidas y lo estamos pagando con caídas en la natalidad”.
El segundo congreso de salud sexual y reproductiva que encabeza Uruguay —y que se desarrolla hasta este sábado en el LATU— abordó estos cuestionamientos y puso sobre la mesa las falencias que habían quedado al descubierto tras la muerte de Dahiana.
“Uruguay fue el primero en la región, pero se quedó atrás”
Cuando Uruguay despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, en la istración de José Mujica tras el veto del gobierno de Tabaré Vázquez, los legisladores temieron un “efecto aborto Buquebús”. Así le llamaron a la chance de que muchas mujeres viajasen desde Argentina hasta Uruguay para interrumpir su gestación. Esa fue una de las razones por las cuales a las inmigrantes recientes se les prohíbe acceder al aborto legal y seguro hasta que cumplen un año de residencia en el país.
Doce años después, Argentina ya cuenta con su ley de despenalización que es “más progresista que la uruguaya”. Y, a la vez, Uruguay está recibiendo la llegada de muchas mujeres jóvenes —sobre todo cubanas, dominicanas y venezolanas— que quedan desamparadas ante los embarazos no deseados.
Ese es uno de los puntos de la norma que, según los técnicos, es necesario cambiar. Porque como resumió el ginecólogo Rafael Aguirre, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, “Uruguay fue el primero en la región, pero se quedó atrás”.
¿En qué otra cosa se nota? Existen nuevos estudios —como el screening bioquímico prenatal o la translucencia nucal— que convienen hacerse en la semana 12 de gestación. Pero la ley uruguaya solo permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta esa misma semana, “dejando a muchas mujeres sin la posibilidad de tomar una decisión tras el resultado adverso de estudios diagnósticos clave”, explica Aguirre.
En Argentina ya se permite hasta la semana 14. En Uruguay esa excepción solo vale cuando la mujer aduce causal de violación. En Colombia se permite hasta la semana 24, justo al límite entra la posibilidad o no de la vida fuera del útero (el punto quiebre entre un nacimiento prematuro extremo e inmaduro). Canadá ni siquiera fija fecha.
Otro de los problemas identificados por los técnicos, en el congreso que se realiza en el LATU, es la falta de ginecólogos dispuestos a indicar el IVE en algunas zonas del interior. Y eso, dicen, tiene una solución sencilla: como la manera más extendida y segura de realizar el aborto es con una pastilla (fármaco de consumo oral), “bien podría ser indicado por otro profesional como médico de familia, un médico general capacitado y hasta una obstetra partera”. Aguirre lo pone con un ejemplo: “Un obstetra puede traer un bebé al mundo, con las complicaciones que a veces implica un parto, y no se le permite recetar un fármaco bajo total control”.
Es probable que el destino de Dahiana, la chica que murió en el norte, hubiese sido otro si se flexibilizaba el tipo de profesional que puede indicar el aborto.
Y la otra flexibilización, para la cual también hay consenso técnico, es que el comité interdisciplinario de psicólogo, asistente social y ginecólogo deje de ser obligatorio cuando ni la mujer ni el equipo de salud lo entienden necesario. A la vez que se permita consultas consecutivas con los profesionales sin necesidad de reunir al mismo tiempo a los tres técnicos.
Las tendencias y los cambios
En España, como en Uruguay, hubo un leve aumento de los abortos legales en números absolutos. Cuando la sanidad empezó a preguntarse qué pasaba, llegó a una primera hipótesis: "una ligera subida entre las mujeres que abortaron y no usaban un método anticonceptivo (del 44% al 46,5%)", narra El País de España citando al presidente de la Sociedad Española de Contracepción, Abel Renuncio.
El ginecólogo dijo que, aunque las encuestas de uso de métodos anticonceptivos muestran un uso extendido, están habiendo tendencias preocupantes: “Cada vez son más las personas que no lo usan de forma consistente, es decir, en todas las relaciones: solo lo hace un 61%, una cifra que viene cayendo desde 2020. Otro problema es la utilización inadecuada: un 30% no lo emplea durante toda la relación, solo lo hace al final, cuando va a llegar la eyaculación”.
En Uruguay no hay estudios recientes que refuten o confirmen la hipótesis. Aguirre señaló que se creará un sistema informático sobre interrupción voluntaria del embarazo, similar al que existe para los datos prenatales, de manera tal de "cruzar embarazos, abortos y métodos anticonceptivos". Pero, por la casuística que ve en su consultorio, estima que lo visto en España no diste demasiado de lo que acontece en Sudamérica.
“En los últimos años hubo un desarme de la educación sexual en las escuelas y liceos; es clave ponerse a tiro cuanto antes porque las consecuencias pueden ser funestas”, dice el ginecólogo uruguayo que, derribando la idea “de que muchas mujeres abortan como si ese fuera un anticonceptivo”, aclara que “interrumpir un embarazo es de los peores momentos de decisión a los que se tiene que enfrentar una mujer”.
La infectóloga Susana Cabrera, a su vez, había dicho que en el último tiempo ha atendido a "muchísimos varones heterosexuales y homosexuales con sífilis”. Y una de las hipótesis que maneja es que, sobre todo en poblaciones de riesgo, se está dejando de usar el condón.
La sospecha —porque en Uruguay no hay nuevas mediciones y longitudinales que permitan llevarle el pulso al uso de los anticonceptivos— está fundamentada en que también están aumentado otras enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea. Y que en las encuestas sobre uso de métodos de protección, solo la mitad de los adultos dicen haber usado medida de protección en su última relación sexual.
Valeria Ramos, del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, coincide con esa hipótesis. Dice que se “ha dejado de hablar” de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, “como si después de covid-19 ya no pasara nada”. Y además advierte que el incremento de consumo de pornografía está cambiando algunas conductas, “en especial en la población joven que imita prácticas de riesgo”.
Los tiempos de la política
Pese al consenso técnico y la distancia de la implementación de la ley de aborto, al Parlamento no llegó ningún proyecto de modificación de la norma vigente. ¿El motivo? El Observador habló con distintos legisladores y tomadores de decisión del Frente Amplio que refirieron al concepto de termómetro: ¿está la temperatura adecuada para discutir esto ahora?
Una legisladora lo resumió así: “Este año la prioridad es cerrar el tema eutanasia. Si se discute eutanasia y aborto a la vez nos van a tratar de necrogobierno”.
Otras miradas, como las que en su momento tenía el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, apuntaban a que Uruguay tendría que avanzar en un cambio constitucional (al estilo francés) y no en una constante renovación de la ley.
Y una última camada de tomadores de decisión dicen que, pese a sus desafíos, la ley funciona y “es mejor generar pequeños cambios en su implementación antes que abrir un nuevo debate en Uruguay”.
