El exrugbista Gonzalo Campomar no compareció ante la justicia de Conciliación, a donde estaba citado este miércoles para intentar llegar a un acuerdo por una deuda de US$ 9 millones más intereses, que contrajo con el ciudadano suizo uruguayo Antonio Galgano Votta. Los abogados que lo representan, Silvia Cuello y Enrique Moller, anunciaron que presentarán la demanda civil y probablemente también denuncia penal, según surge del acta del juzgado a la que accedió El Observador.
En el acta se señala que "operó el incumplimiento del contrato de crédito con garante y ejecución de garantía" y que no se pagaron los intereses trimestrales acordados mediante contrato, lo que "aparejó la mora y el pago del monto total de lo adeudado como si fuera plazo vencido". Además menciona la existencia de hechos con apariencia delictiva, por lo que se anuncia denuncia penal.
También se menciona que "el monto reclamado es de US$ 9 millones más intereses adeudados e interés punitorio equivalente al 100% del interés compensatorio". Ya hubo otras dos citaciones previas a conciliación que fueron aplazadas, por lo que este miércoles la jueza Sylvia Castelli, decretó el archivo de las actuaciones, por lo que ahora Cuello y Moller presentarán la demanda civil.
Campomar ya enfrenta al menos dos denuncias penales por estafa y apropiación indebida por negocios con criptomonedas. La última es por un monto de US$ 500 mil, es patrocinada por los penalistas Gustavo Bordes y Fernando Posada y fue asignada al fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado.
Y hay otra denuncia que presentada por Moller en representación de otros dos particulares que habían invertido unos US$ 600 mil. Esa denuncia por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo ahora de Sandra Fleitas, quien sustituyó a Silvia Porteiro.
Luego de se conoció que tenía una deuda millonaria con distintos inversores que le entregaron dinero para invertir en criptomonedas, se habla de más de US$ 60 millones, y de que recibió amenazas, se fue del país y es representado por un poder por Jorge Barrera.
En el caso de Galgano le había concedido una línea de crédito en criptomonedas de US$ 9 millones a Campomar para su actividad comercial a través de un contrato de un año que se venció en febrero pasado. Según establecía el contrato, del que informó Búsqueda, la parte deudora se comprometía a pagar sobre “las sumas adeudadas un interés compensatorio del 10% por cada año sobre los importes adeudados, es decir sobre saldos deudores, los intereses se pagarán por transferencia bancaria trimestralmente”.
Según informó Búsqueda, en garantía del contrato figuraban la empresa Los Rincones S. R. L. propietaria de varios padrones rurales (constituida por integrantes de la familia De Posadas Secco, entre ellos el dueño del Grupo Magnolio, Francisco De Posadas) y Juan Martín de Posadas. Si se incumplía el contrato el empresario se le pagaría con padrones rurales. Ese contrato había sido firmado por Francisco De Posadas.
Si bien en una primera demanda, los abogados Cuello y Moller pedían citar a Campomar, junto con los hermanos De Posadas y Los Rincones SRL, finalmente, los abogados aceptaron dejarlos por fuera luego de que De Posadas alegara que su firma había sido falsificada y ellos lo consideraron acreditado.
