Después de que el director designado por Cabildo Abierto en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Bernardo Legnani, advirtiera que el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años "puede conducir a una forma de impunidad" y beneficiar a quienes cometieron "crímenes graves en el marco de la actuación ilegítima del Estado en el período de 1968 a 1985", un sector del partido pidió su renuncia.
Además, la Junta Nacional de Cabildo Abierto expresó "su discrepancia y preocupación por las manifestaciones" de Legnani. "Se procederá evaluar los descargos presentados por el Dr. Legnani en una carta que nos fue remitida para adoptar las medidas que correspondan", dice un comunicado firmado por Guido Manini Ríos.
Pedido de renuncia
El sector que pidió la renuncia es El Espacio de los Pueblos Libres que, liderado por Eduardo Radaelli, lleva tiempo enfrentado al liderazgo de Manini Ríos. El excomandante en Jefe del Ejército integra, junto a su esposa Irene Moreira, la Columna Lealtad y Unidad que lidera Guillermo Domenech.
"El Espacio de los Pueblos Libres no está de acuerdo y rechaza las recientes manifestaciones del Dr. Bernardo Legnani sobre la prisión domiciliaria. Las mismas son contrarias a lo que venimos sosteniendo al respecto", dice el comunicado firmado por el presidente del sector, Radaelli, y la secretaria general Rosanna De Olivera.
"Por tal motivo solicita la renuncia inmediata de dicho director del INDDHH", concluye la carta emitida el pasado jueves 1° de agosto.
Qué dijo el director del Inddhh
Como informó La Diaria, Legnani había ido a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y istración de la Cámara de Diputados. Es en esta cámara donde ahora se encuentra el proyecto, que en diciembre de 2023 ya fue aprobado en el Senado.
El proyecto de ley, que la coalición espera aprobar en Diputados sin grandes cambios, brinda el beneficio de la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y los mayores de 65 años cuya pertinencia en prisión "perjudica su salud o vulnera su dignidad humana".
El proyecto, planteado por Cabildo Abierto, fue inmediatamente cuestionado por favorecer a las personas presas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
Legnani, como director del Inddhh, analizó el proyecto desde "un enfoque del derecho internacional humanitario" en la comisión del día 17 de julio.
"Desde ese enfoque, este beneficio se aplica a individuos que hubieren cometido crímenes graves en el marco de la actuación ilegítima del Estado, acaecida en el período de 1968 a 1985", dijo, según consta en la versión taquigráfica.
"Las personas referidas son responsables de las más graves violaciones de derechos humanos. Por su parte, las víctimas están batallando desde hace más de 40 años por saber la verdad sobre el asesinato y desaparición de familiares; niños y niñas que crecieron lejos de sus familias, con identidades suprimidas, donde hay mujeres y hombres que, aún hoy, no han superado las secuelas de las torturas físicas y psicológicas padecidas", argumentó Legnani.
"Si quienes son responsables de estos crímenes no han contribuido a la verdad ni han mostrado signos de arrepentimiento, y si no median razones humanitarias, como, por ejemplo, la afección a la salud, otorgarles el beneficio propuesto en el proyecto no tiene fundamento en la normativa de derechos humanos; es más: va contra la obligación de reparar a las víctimas y puede conducir a una forma de impunidad", sostuvo.
En caso de darles la prisión domiciliaria a estas personas, "se generaría la sensación en la sociedad de que no se ha hecho justicia y el Estado no cumple con su obligación de evitar medidas ilusorias, que solo aparentan satisfacer las exigencias formales de justicia".
A criterio de Legnani este beneficio para "estas hipótesis delictivas debería ser hecho y decidido por el juez, considerando varios elementos, entre ellos, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de los delitos perpetrados y de su gravedad".
También, a su criterio, se debería tomar en cuenta "los efectos de su liberación domiciliaria anticipada, es decir, cuáles serían los efectos que tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares".
"El Poder Judicial, como toda autoridad pública, debe controlar que las normas que aplica estén en armonía con la Convención Americana, es decir, con el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la Ley N° 15.737, Ley de Amnistía, que se aprobara en marzo de 1985, y que integra nuestro ordenamiento jurídico nacional", concluyó.
La respuesta de Cabildo Abierto
En una carta firmada por Manini Ríos, la Junta Nacional de Cabildo Abierto expresó "su discrepancia y preocupación por las manifestaciones" de Legnani y señaló que la actual redacción del proyecto es diferente a la que la fuerza política presentó en primer lugar.
"Nuestro partido ha presentado en el año 2021 un proyecto de ley sobre prisión domiciliaria a mayores de 65 años que en su redacción original no tuvo el respaldo político necesario, pero que luego de varias modificaciones fue aprobado por el Senado", dice el comunicado del 1° de agosto.
"Cabildo Abierto reitera que el proyecto de ley que actualmente se encuentra a estudio de la Cámara de Representantes no recoge la propuesta original presentada por nuestros Senadores. No compartimos las declaraciones del Dr. Legnani, que no representan absoluto la postura del partido", señala.
"Se procederá evaluar los descargos presentados por el Dr. Legnani en una carta que nos fue remitida para adoptar las medidas que correspondan", concluye la carta.
