Cristina Fernández de Kirchner llevará su caso ante organismos internacionales tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad. Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, ya presentó esta semana una denuncia de 21 páginas ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, donde denunció una "persecución política, mediática y judicial" contra la expresidenta.
La estrategia legal de la defensa ahora se centra en dos frentes principales: el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el cual dispone de seis meses desde el fallo de la Corte Suprema, y la denuncia internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino.
El escrito presentado por Dalbón ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional advierte sobre episodios de tortura, privación grave de la libertad física y persecución por motivos políticos contra grupos sociales específicos, particularmente en las manifestaciones de jubilados que se desarrollaron los miércoles en los últimos tres meses.
Denuncia por "lawfare" ante La Haya
El abogado amplió este martes la denuncia "para incluir la continua y creciente persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner". La presentación sostiene que existe "una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria" contra la expresidenta, tras la "tramitación inusualmente expedita de los procedimientos judiciales poco después de su anuncio de candidatura a un cargo público".
"Esta escalada forma parte de un patrón más amplio de acciones coordinadas estatales y paraestatales destinadas a su neutralización política", fundamentó Dalbón en la denuncia, que ya fue recepcionada por la Corte Penal Internacional. Entre las acciones denunciadas, el letrado mencionó la manipulación de nombramientos judiciales, la asignación de causas, la falta de imparcialidad de jueces y fiscales vinculados a adversarios políticos, y los veredictos programados en fechas electorales.
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La defensa pidió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que considere la apertura de una investigación preliminar formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, además de "seguir la situación de Cristina Fernández de Kirchner y evaluar la necesidad de medidas preventivas urgentes". Según la presentación, "el uso del poder judicial como herramienta de represión representa una nueva modalidad de violencia política".
Recurso ante la Comisión Interamericana
Una vez agotadas las instancias legales nacionales con el pronunciamiento de la Corte Suprema, comenzó a correr un plazo de seis meses para que la defensa eleve una petición ante la CIDH en Washington, Estados Unidos, contra el Estado argentino. La Comisión primero debe decidir si acepta el caso y, de hacerlo, estudiará la supuesta violación a los derechos humanos denunciada por la presidenta del Partido Justicialista.
Si bien la CIDH no puede revertir directamente la decisión de la Corte Suprema, tiene la capacidad de hacer una recomendación de revisión del fallo. También puede elaborar un informe con sus conclusiones sobre el caso y extender sugerencias para hacer reparaciones o cambios en las leyes locales. Si el Estado argentino desestimara esas recomendaciones, después de tres meses la Comisión puede remitir las actuaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el sistema interamericano, regido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el trámite puede culminar en un "juicio transnacional, que termina con una sentencia", según explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Sin embargo, aclaró que "el trámite es largo y la persona, a menos que exista una medida cautelar, queda detenida o cumple la condena hasta que se resuelva el proceso transnacional".
Paralelamente, el entorno de Kirchner prepara una estrategia de apoyo internacional que incluye una carta o documento con firmas de dirigentes de la región y el resto del mundo que acompañen a la expresidenta en su batalla judicial. También planean acudir a organismos multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para reforzar la denuncia de lo que consideran una operación de lawfare —guerra judicial con intencionalidad política— en su contra.
