El presidente de la Asociación Integra Residenciales, Sabino Montenegro, advirtió este viernes sobre la grave situación de al menos 200 centros residenciales en Uruguay que, al igual que el de Tacuarembó, enfrentan condiciones indignas para los residentes, especialmente en lo que respecta a la atención de personas mayores y con patologías psiquiátricas.
Entrevistado en Doble Click (Del Sol FM), Montenegro compartió la cruda realidad que atraviesan estos centros, y propuso una solución para paliar la crisis: un subsidio estatal que cubra la diferencia entre lo que los residentes pueden pagar y lo que realmente cuestan estos establecimientos habilitados.
Según Montenegro, el caso de Tacuarembó, donde se revelaron malas condiciones y maltrato físico hacia los residentes, es solo la punta del iceberg. "Tenemos 1000 residenciales que no tienen ninguna habilitación, tenemos unos 200 residenciales que están en esta misma situación que vimos ayer en los que "no se respetan los derechos de las personas", denunció. El caso de Tacuarembó, que involucró la presencia de personas con patologías psiquiátricas no medicadas, expuso que algunos de estos pacientes eran atados con cadenas, lo que representa una clara violación a los derechos humanos.
“La situación es desesperante. Ayer, 32 personas fueron realojadas en Montevideo, pero otras 42 debieron ser trasladadas a otros centros. Este es un panorama que se repite en el país. Si no se cambia este modelo, la sociedad seguirá desentendiéndose de las personas más vulnerables”, expresó el presidente de la Asociación Integra Residenciales.
Este jueves la Policía de Tacuarembó, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), allanó un residencial en Rincón de Tranqueras tras recibir alertas sobre situaciones inhumanas y violencia en el lugar. El operativo, parte de la "Operación Resplandor", involucró a decenas de funcionarios y reveló que más de 30 personas (entre adultos mayores y jóvenes con diversas problemáticas) eran víctimas de malos tratos, que incluían privación de alimentos, violencia física, encadenamiento, esclavización y condiciones inhumanas.
Montenegro señaló que, si bien el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) subsidia actualmente el pago de 300 personas, el monto no es suficiente para cubrir a todos los que requieren atención en residenciales habilitados. El subsidio actual cubre 45.000 pesos mensuales, pero solo un número limitado de personas puede acceder a este beneficio.
El dirigente propuso que el Estado implemente un sistema similar al de otros países, donde, en caso de que una persona no pueda pagar el total de la cuota mensual de un residencial habilitado, el Estado subsidie la diferencia. “Si una persona gana 20.000 pesos de jubilación y el costo de un residencial habilitado es de 45.000 pesos, el Estado debería cubrir esos 25.000 pesos restantes”, explicó.
A pesar de la existencia de datos concretos sobre los residenciales no habilitados y las malas condiciones en los que operan, Montenegro lamentó que, hasta el momento, no se haya implementado ninguna solución efectiva. "El cambio no ha llegado. No se ha abordado el tema con la seriedad necesaria", indicó.
El presidente de la Asociación explicó que el costo de habilitar un centro de estas características no es tan elevado, pero que la falta de recursos económicos y personal capacitado ha dejado una gran cantidad de residenciales fuera de la normativa. Además, señaló que la habilitación de estos centros, que incluye aspectos como la infraestructura, el personal y la seguridad, es costosa y compleja, lo que limita las posibilidades de mejora.
Otro aspecto relevante que destacó Montenegro fue la falta de fiscalización y control por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Mides. A pesar de la existencia de una normativa, que asegura que los residenciales deben contar con ciertas condiciones para operar, muchos centros no cumplen con los estándares requeridos, ya sea por falta de personal o por infraestructuras inadecuadas.
“El estado edilicio de muchos de estos centros es deficiente. No cumplen con los requisitos de seguridad, tienen espacios reducidos, ventanas mal ubicadas, o incluso carecen de sistemas de emergencia. Y esto tiene un costo, un costo económico que no se está asumiendo como sociedad”, expresó.
Montenegro también subrayó la necesidad de un abordaje integral que no solo contemple el subsidio, sino también una planificación a largo plazo para garantizar que los residenciales cuenten con condiciones óptimas para el cuidado de las personas más vulnerables.
“No podemos seguir viviendo con esta realidad, esperando que los problemas surjan solo cuando hay una tragedia. Necesitamos trabajar con el gobierno para cambiar la realidad en la que viven miles de personas. Si no se aborda desde la raíz, seguirán muriendo personas o viviendo en condiciones que no deberían”, concluyó Montenegro.
