Inundaciones urbanas cada vez más recurrentes, sequías prolongadas, incendios a causa del aumento de la temperatura. Estos son solo algunos de los impactos que se observan en Uruguay. Sí, el cambio climático está impactando en el país y en todo el mundo hace varios años, pero con una mayor frecuencia e intensidad a medida que los años pasan.
Según la base de datos mundial sobre desastres naturales y tecnológicos EM-DAT, entre el 2000 y el 2023, el costo económico total de los daños y pérdidas ocasionados producto de desastres naturales y eventos adversos (considerando los costos directos y las pérdidas asociadas en salud, educación, vivienda y cadenas de suministros), se ha multiplicado por 9 en todo el mundo, exhibiendo aumentos recurrentes en los últimos años. Para el año 2023, los valores ascienden a 2,3 billones de dólares, equivalente a más del 2% del PIB Mundial.
Y si analizamos estos valores por región, en promedio entre 2004 y 2023, casi la mitad de los costos directos y las pérdidas económicas totales corresponden a América (48%).
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Evolución de los costos directos e indirectos asociados a eventos climáticos adversos (miles de millones de dólares)
Estos datos evidencian que estamos ante un problema relevante, de impacto real, y de una naturaleza particularmente difícil de atacar, ya que es un problema sobre un bien común y de carácter mundial. Por lo tanto, todos los países del mundo se deben de comprometer y trabajar de manera coordinada para generar un impacto real, generando incentivos globales adecuados. Por este motivo, se han alcanzado acuerdos y compromisos internacionales, y existen flujos financieros que se dirigen de países desarrollados hacia países en desarrollo para que estos logren realizar acciones que se alineen con estos objetivos. Es así que se han generado fondos específicos como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima (FVC), el Fondo de Adaptación (FA) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).
Por lo tanto, para mitigar los daños y las pérdidas generadas a raíz de los impactos del cambio climático, y para cumplir con los objetivos y compromisos internacionales asumidos, se debe de invertir en la acción climática.
¿Cómo está el mundo actualmente en este sentido?
A nivel mundial, según datos de la Iniciativa de Política Climática (I por su sigla en inglés), se estiman que, a nivel mundial y en el año 2023 se han movilizado aproximadamente 1,5 billones de dólares. No obstante, existe una brecha muy importante a nivel mundial, para poder alcanzar los objetivos trazados por todos los países. Las estimaciones de las necesidades para alcanzar el escenario de aumentos de 1,5°C de temperatura para 2030 supone inversiones anuales que quintuplican ese valor.
Por su parte, tomando los datos de dicho año, el financiamiento climático en su mayor parte corresponde al concepto de mitigación (90%), donde el reparto entre el sector público y el sector privado es relativamente equitativo (sector privado aporta 55% de los recursos totales). Diferente es la historia para la adaptación, donde solo se recibe el 6% del financiamiento climático total, y más del 90% de este corresponde al sector público. Existe un desafío imperante de incorporar al privado en medidas de adaptación para poder expandir dichos flujos. Por último, el restante 4% del financiamiento tiene como objetivo atender a los dos fines.
En resumen, hay grandes necesidades de financiamiento para medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Si bien esto genera importantes desembolsos de dinero, se reducen pérdidas y daños actuales y es fundamental comprender que no tomar acción tiene sus costos, no es gratis.
Surge entonces la pregunta: ¿quién debe financiar esta transición?
La brecha es significativa e impacta en todos los sectores y actores en menor o mayor medida. Por ende, se requiere esfuerzos financieros de todos los actores, fundamentalmente (aunque ni por asomo exclusivamente) del sector privado.
Es importante que las actividades correspondientes al sector privado puedan internalizar los costos y riesgos a los cuáles se encuentra expuesto, comprendiendo que, en el largo plazo, el desarrollo, la sostenibilidad y la rentabilidad financiera están ligados. A su vez, estos riesgos en el futuro se espera que sean cada vez más recurrentes y de mayores impactos, lo que supone aumentos esperados en los costos y pérdidas en caso de no tomar acciones requeridas a tiempo.
Para lograr este cometido, el sector financiero (bancos, aseguradoras, fondos de pensión, entre otros) debe de ser impulsor de estas inversiones, generando los incentivos necesarios para que el actor privado se sume, identificando y contribuyendo a la generación de oportunidades para obtener rentabilidad, promoviendo así su participación. Este punto es central, por dos vías principales. En primer lugar, y por más obvio que resulte, porque el privado invertirá su dinero en aquellas actividades que le reporten retornos de su inversión. En segundo lugar, porque el sector financiero buscará inversiones verdes, pero sostenibles financieramente en el tiempo, ya que debe de asegurar la recuperación de los fondos invertidos para poder cumplir con las obligaciones que posee para con sus depositantes.
El sector público no puede asumir este problema de forma independiente y aislada. En primer lugar, porque los montos son significativos. Y más aún en contextos de restricción fiscal y niveles de endeudamiento complejos, como al día de hoy lo presentan diversas economías del mundo. Por lo tanto, si bien es un actor fundamental y debe de seguir invirtiendo, sería importante priorizar aquellas intervenciones troncales o catalizadoras de inversión privada, que puedan derramar hacia otras fuentes. A su vez, si se generasen subsidios a sectores clave, es fundamental que sean transitorios, y que una vez quitados estas actividades puedan continuar con sostenibilidad, sin desmoronarse. Esto requiere de buena planificación, priorización de medidas, y de estimaciones de impactos previos a la toma de decisión.
En algunos casos, con el objetivo de incentivar monetariamente a la inversión privada, existen fondos de capital catalítico, de fuentes públicas o de parte del sector financiero, que buscan brindar capital a proyectos en etapas tempranas que no pueden acceder a financiamiento convencional, y que en el inicio sin este capital inicial no son rentables financieramente, pero con el tiempo sí alcanzan a serlo. El capital catalítico en general requiere de estructuras de financiamiento conjuntas del sector público y del sector financiero, llamadas blended finance, que generan condiciones más convenientes, asumiendo mayores riesgos o aceptando menores retornos de inversión, para atraer más inversores privados.
Por último, además del sector público, el sector privado y el sector financiero, surge el cuestionamiento de si la sociedad en su conjunto debe de contribuir con el financiamiento de medidas. Se debe de evaluar con detenimiento si existiese la posibilidad de cobrar impuestos o una tarifa cuya recaudación sea utilizada para llevar adelante intervenciones que generen beneficios socioeconómicos mayores a los costos asumidos por la sociedad. Si fuese el caso, es importante clarificar que no se trata de recaudar sin ninguna finalidad clara, sino para ofrecer un servicio de calidad que compense el costo de la tarifa pagada, y los daños y pérdidas que se sufren evento tras evento. El diseño tarifario debería de ser claro y justo, y los servicios brindados como contrapartida tienen que estar a la vista para que el contribuyente sea consciente de los beneficios de sus aportes. Este elemento es en algunos casos dificultoso, motivo por el cual el incentivo político de la acción climática queda en algunas ocasiones relegado.
En resumen…
Las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático son necesarias en Uruguay y en el mundo, para poder disminuir los costos y pérdidas que ocurren en la actualidad ante desastres o eventos fortuitos. Para ello, es necesario invertir recursos, donde sólo las fuentes de origen público no alcanzan, y donde todos los sectores de la economía deben de participar. En particular, son fundamentales las medidas catalizadoras de inversión privada y su participación extendida en el tiempo, internalizando costos y pérdidas futuras, y comprendiendo que, en el largo plazo, sostenibilidad y rentabilidad van juntas a la par.
