La ley de vivienda fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada por el Congreso el 24 de mayo de 2023, prometía frenar los precios y ampliar el a la vivienda.
Sin embargo, hoy España acumula un déficit de 423.000 unidades, los precios no paran de subir y casi 4 de cada 10 hogares destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.
Los precios de las propiedades para comprar suben a un ritmo imparable y los analistas del mercado inmobiliario afirman que se acercan a valores de la burbuja inmobiliaria
Un déficit estructural de 423.000 viviendas
Dos años después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, España enfrenta un déficit habitacional estimado en 423.000 unidades nuevas. La causa principal, según un informe de la Universidad de las Hespérides, es una combinación de trabas istrativas en los desarrollos urbanísticos y falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción.
El precio de la vivienda por las nubes
Desde 2013, el precio de la vivienda ha subido un 53%, y el alquiler se ha encarecido entre un 7% y un 8% anual desde 2015, lo que ha llevado a España al primer lugar en la Unión Europea en esfuerzo económico para alquilar.
El 39,4% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos mensuales al alquiler, un porcentaje alarmante que supera ampliamente los estándares recomendados por organismos internacionales.
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Dos años de ley y un mercado más tenso
La norma, había sido defendida por el Gobierno como una herramienta clave para poner freno al “voraz” mercado inmobiliario. La declaración de zonas tensionadas y el tope al precio de los alquileres son sus principales medidas.
Sin embargo, su implantación es limitada. Solo Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias han activado el mecanismo o están en proceso de hacerlo. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular se oponen frontalmente, argumentando que intervenir el mercado ahuyenta la oferta.
Según datos del propio sector, desde la aprobación de la norma, el parque de viviendas en alquiler se ha reducido un 17,5%, y los precios han subido un 26%.
El fracaso del control de precios
Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez, calificó la ley como un “fracaso absoluto”. En un acto político en Segovia, aseguró que “los jóvenes, junto con los autónomos, son los más perjudicados por Pedro Sánchez”.
A su juicio, la normativa ha provocado la retirada de 120.000 viviendas del mercado del alquiler y ha beneficiado a los okupas, a quienes tildó de “delincuentes”. El PP propone aumentar la oferta, bajar impuestos y endurecer las penas por ocupación ilegal como medidas alternativas.
El Gobierno sigue defendiendo la ley
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que la ley “funciona” y que los problemas estructurales del mercado no pueden achacarse únicamente a esta norma.
En respuesta a las críticas, el Ejecutivo anunció una partida extraordinaria de 35 millones de euros para las comunidades que hayan declarado zonas tensionadas o estén en proceso de hacerlo.
Un mercado rígido, poca vivienda social y muchos pequeños propietarios
El alquiler representa el 18,7% de los hogares en España, dominado en su mayoría por pequeños propietarios. El alquiler social apenas alcanza el 1,5% del parque, lo que limita las opciones de los sectores más vulnerables.
Los expertos advierten que el control de precios ha reducido la oferta —un 15% solo en Barcelona— y ha derivado en un deterioro de las viviendas alquiladas. También señalan que el alquiler turístico, pese a tener impacto en ciertas zonas costeras, solo representa el 1,5% del mercado y no influye significativamente en los precios.
Una ley en el centro del debate, sin impacto claro en el a la vivienda
A dos años de su entrada en vigor, la ley de vivienda sigue siendo objeto de controversia. Mientras el Gobierno defiende sus herramientas y llama a extender su aplicación, la oposición la responsabiliza del encarecimiento del alquiler y de la caída de la oferta.
