Miembro del partido de oposición liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, nieto del ex presidente Julio César Turbay y abogado de 39 años, el intento de asesinato de Miguel Uribe ha vuelto a poner en el centro del debate la violencia política en Colombia. Aunque habían pasado décadas sin que un aspirante a la presidencia sufriera un atentado de esta magnitud, la realidad es que la violencia nunca ha dejado de estar presente en el tablero político.
En distintos territorios la violencia es una realidad cotidiana. Amenazas, ataques y desplazamientos ocurren con frecuencia, afectando a comunidades cuya participación política se ve limitada por el impacto del conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción.
La Fundación Paz y Reconciliación, que monitorea la violencia en Colombia, informó en marzo que entre el 28 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 24 hechos de violencia política. Estos incluyen 5 asesinatos, 5 atentados, un secuestro y 12 amenazas, afectando a concejales, alcaldes, gobernadores y de partidos políticos.
“Si bien estos hechos no se categorizan como violencia política-electoral, ya que tuvieron lugar antes del inicio del periodo oficial electoral, sí podrían representar un antecedente clave en el desarrollo de los comicios”, dijo la Fundación.
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El pasado primero de mayo Luis Alberto Peña, un líder político histórico del municipio de Miranda, en Cauca, y miembro del Partido Colombia Humana, fue asesinado mientras realizaba un perifoneo para convocar a la ciudadanía a movilizarse con motivo del Día del Trabajador.
La campaña de 2022
La campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026, que en la práctica ya ha comenzado con precandidatos movilizándose en busca de apoyo, podría estar marcada por una violencia aún mayor que la registrada en los meses previos a los comicios parlamentarios de marzo de 2022 y a la elección presidencial de junio de ese mismo año, cuando Gustavo Petro llegó al poder.
La Fundación Paz y Reconciliación precisa que entre marzo de 2021 y mayo de 2022, hubo 29 homicidios y 193 amenazas que impactaron a candidatos a la Cámara de Representantes, de partidos políticos, concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores.
“En Colombia la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país”, explica el informe de la Fundación.
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Marcha por la paz en Colombia tras el atentado contra Uribe
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En el 68% de los casos que la Fundación clasificó como violencia electoral antes de las elecciones de 2022 se desconoce quién lo realizó y en 32% fue posible determinar que hubo participación del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares.
La insistencia en la consulta
El atentado contra Uribe ocurre en un contexto de creciente tensión política. Petro avanza en la preparación de un decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral, desafiando la negativa del Senado a aprobar el mecanismo. La medida intensifica la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo y deja al país a las puertas de un conflicto entre poderes.
El caso representa un desafío sin precedentes en el sistema político colombiano, ya que el Gobierno intenta convocar una consulta popular sin la autorización previa del Senado.
El ministro del interior, Armando Benedetti, afirmó que el decreto ya está firmado por todos los ministros, pero aún no hay decisión sobre cuándo será publicado. El ex presidente César Gaviria publicó un comunicado como director del Partido Liberal cuestionando que se insista en la consulta popular en medio de la crisis desatada por el atentado a Miguel Uribe.
“Pese a este contexto de dolor y conmoción, el Gobierno nacional ha insistido en sacar adelante, de manera ilegítima, una consulta popular que profundiza el clima de confrontación y erosiona el orden democrático. Incluso después del atentado contra el senador Miguel Uribe, el Gobierno ha reiterado públicamente que continuará adelante con la convocatoria de la consulta popular”, dijo Gaviria.
“Cuando se ataca la legitimidad del Congreso y se alienta la polarización desde el poder, se profundiza el ambiente de confrontación que propicia actos de violencia como el que hoy lamentamos”, agregó.
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EFE
El Gobierno denuncia amenazas
El presidente Petro respondió al comunicado a través de un mensaje en su cuenta de X, donde insinuó que el atentado contra Uribe podría estar vinculado a su intención de convocar la consulta popular. Además, afirmó que hijos de del Gobierno, incluidos los suyos, han sido amenazados.
"Le informo al ex presidente de la república Cesar Gaviria que una de las hipótesis aún no rechazadas del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular. Sino, por qué amenazan a hijos de del gobierno y los míos propios”, escribió el mandatario.
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Añadió que “uno de los más afectados con el atentado, después del senador Miguel y de su familia, es el gobierno” y señaló que “el actual clima de tensión nace cuando 8 senadores de la comisión VII del Senado, decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes”, refiriéndose a la reforma que quiere someter a consulta popular.
En otro mensaje publicado en X indicó que “en el consejo de seguridad he ordenado la ampliación de los sistemas de seguridad de los de la oposición, y de las familias de los integrantes del gobierno nacional, ante las nuevas amenazas directas contra los hijos de ministros y presidente”.
El tono del presidente ha sido objeto de críticas. Tras el rechazo del Senado a su reforma laboral y su propuesta de consulta popular para revivir la iniciativa llamó al presidente del Senado un HP, que es la manera en que en Colombia se usa el insulto “hijueputa” y ha calificado a opositores de nazis. El primero de mayo blandió la espada de Simón Bolívar y enarboló la bandera con la que el libertador declaró en 1813 una “guerra a muerte”.
Acuerdo político
El temor a que el país se hunda en una ola de mayor violencia política ha llevado a que voces dentro del Pacto Histórico, la coalición de partidos que apoya a Petro, se pronuncien por alcanzar acuerdos para defender el sistema democrático.
La senadora María José Pizarro propuso en su cuenta de X a los partidos políticos “una reunión de urgencia para que en conjunto rechacemos la violencia en la política y acordemos medidas para defender la democracia”.
El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado conjunto en que hicieron un llamado a la ciudadanía a “evitar la polarización y rodear las instituciones democráticas”.
