12 de junio 2025 - 17:20hs

El presidente colombiano Gustavo Petro firmó un decreto convocando a una consulta popular sin la autorización del Senado, desatando un conflicto de poderes en medio de una creciente inestabilidad. La crisis de seguridad se agrava con la escalada de ataques de las disidencias del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras recrudece la violencia política tras el atentado contra el precandidato presidencial opositor Miguel Uribe. En ese contexto, el mandatario señala a Estados Unidos por un presunto plan desestabilizador.

El epicentro de la controversia es la reforma a la ley que regula el trabajo. El Senado rechazó la iniciativa y, en respuesta, Petro solicitó al Congreso autorización para convocar un referendo que permita a los colombianos votar sobre la propuesta. La petición fue derrotada, pero el Congreso reabrió la discusión sobre la reforma. Sin embargo, el mandatario decidió avanzar unilateralmente y emitió un decreto convocando a la consulta sin el respaldo del poder legislativo.

Este paso dejó al país ante un complejo escenario jurídico. La posición del Gobierno es que hubo vicios en la votación en la que el Senado rechazó la consulta popular con 49 votos en contra versus 47 a favor y, por tanto, no tiene efecto. Entre otros argumentos esgrime que hubo “discrepancias entre el número de senadores presentes y los votos efectivamente emitidos”.

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Los asesores jurídicos del presidente sostienen que la Corte Constitucional es el organismo que debe evaluar la legalidad del decreto que convoca al referendo y afirman que este control sería después de la votación. Sin embargo, también está presente el Consejo de Estado, encargado de revisar los actos istrativos del Ejecutivo.

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Marcha a favor de la reforma laboral

Marcha a favor de la reforma laboral

Rodrigo Uprimny, uno de los juristas más respetados del país, considera en un análisis publicado en La Silla Vacía que la votación existió y sin una decisión judicial que la anule “produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el Gobierno”.

Añade que la idea de ignorarla mediante el decreto firmado por Petro y sus ministros “es claramente inconstitucional, desconoce la separación de poderes y, de prosperar, implicaría un peligroso precedente que erosionaría gravemente el Estado social de derecho en Colombia, por cuanto abriría las puertas a un autoritarismo plebiscitario. Es además una decisión que enrarece aún más el ambiente político, en un momento de crispación y polarización extremas”.

Las demandas de nulidad

Tras la emisión del decreto comienzan las demandas. El ex ministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, junto con el concejal de Bogotá Daniel Briceño, presentó un recurso argumentando la inconstitucionalidad de la medida ante el Consejo de Estado.

“Esto no es democracia, es autoritarismo disfrazado de participación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si permitimos que un presidente pase por encima de la ley, ¿para qué tenemos instituciones? Gobernar no es imponer. Las instituciones se respetan”, dijo en su cuenta de X.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que el “decretazo” es la violación “flagrante del Estado de derecho, un asalto directo a la Constitución de Colombia”. Adelantó, en su cuenta de X, que “el Senado de la República, como pilar de la democracia, acudirá a las Cortes”.

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Paloma Valencia, senadora por el partido Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, adelantó también en X que va a radicar una "demanda contra el decreto a través del cual el presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo". "Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones", aseguró.

La condición para derogarlo

La reforma laboral se ha convertido en un eje clave de la agenda legislativa del presidente Petro. Sus principales iniciativas incluyen el refuerzo de los derechos sindicales, el incremento del recargo nocturno, la extensión de la licencia de paternidad y la regulación del empleo en plataformas digitales.

El proceso legislativo de la reforma ha sido complicado. Luego de ser archivada en marzo, la iniciativa fue retomada el 14 de mayo, coincidiendo con el rechazo del Senado a la consulta popular. Desde entonces, su avance ha sido acelerado, logrando la aprobación en tercer debate, aunque con cambios que el Gobierno considera inviables, por lo que insiste en la consulta popular.

"Lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral, contiene partes, pero le agregaron un artículo que la derriba toda: la contratación por horas, hace inocuo el salario mínimo, la jornada diaria de 8 horas, las horas extras, y sobre todo la estabilidad laboral”, afirmó el presidente.

Al firmar el decreto aseguró que “solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso”.

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Marcha a favor de la consulta popular en Bogotá

Marcha a favor de la consulta popular en Bogotá

El avance de la consulta popular por decreto, aparte de iniciar un choque institucional, podría afectar otros proyectos del Gobierno que esperan su turno en el Congreso. La reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el presupuesto del próximo año podrían enfrentar mayores dificultades para lograr consensos en medio de la creciente confrontación.

Escala el terrorismo

La crispación política ocurre en medio de una escalada de violencia protagonizada por uno de los grupos surgidos tras la división de las FARC, liderado por alias Iván Mordisco. Los ataques se han concentrado en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, y en varias zonas del Valle del Cauca.

Según el balance oficial, el pasado 10 de junio se registraron 24 acciones violentas, incluyendo lanzamientos de artefactos explosivos, motocicletas bomba y vehículos cargados con explosivos. Estos ataques dejaron un saldo de ocho personas muertas y 28 heridas.

No se trata de un hecho aislado. La istración de Petro enfrenta el fracaso del Plan de Paz Total, una estrategia con la que buscaba poner fin al conflicto armado mediante el diálogo. Sin embargo, los intentos de negociación han fracasado y han sido aprovechados por la guerrilla para fortalecerse y expandir su presencia territorial.

La mutación del conflicto

Las autoridades colombianas enfrentan un conflicto armado que ha cambiado de forma y dinámica en los últimos años. Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo, quienes han investigado a fondo el conflicto, precisan en su análisis ¿Cómo es hoy (y cómo será después) la violencia en Colombia? cuatro elementos esenciales: fragmentación, desideologización y politización, localización del conflicto y alter egos.

Explican que, a diferencia de los años 2000, cuando predominaban las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy existen múltiples organizaciones. Otro elemento es que los grupos armados han abandonado las ideologías tradicionales como el marxismo o el anticomunismo y en lugar de discursos ideológicos emplean símbolos, istran territorios e intervienen en las elecciones regionales.

Trejo y Badillo afirman que las dinámicas de guerra han dejado de tener un patrón nacional y ahora responden a realidades regionales. Los enfrentamientos entre grupos varían según el territorio, lo que dificulta el análisis global de la violencia.

A lo anterior se añade que los grupos armados han creado facciones más opacas o alter egos para atribuirles delitos difíciles de justificar, como el narcotráfico y la extorsión. Esto les permite mantener sus ingresos ilícitos sin comprometer su imagen política.

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El precandidato presidencial Miguel Uribe

El precandidato presidencial Miguel Uribe

A la desestabilización que generan los grupos guerrilleros y de delincuencia organizada se agrega una mayor violencia política. Tras décadas sin que un aspirante presidencial sufriera un atentado, el senador y precandidato Miguel Uribe recibió tres disparos el pasado sábado mientras realizaba un mitin en Bogotá.

El plan de Washington

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que existe un plan, supuestamente dirigido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para desestabilizar a Colombia mediante el aumento de la violencia y el terrorismo con el fin de derrocar a Petro e “imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista”.

Petro apoyó esta versión y en una movilización en Cali el pasado 11 de junio afirmó: "Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado".

"También sé que hay una grabación por allí en donde cierto dirigente de la extrema derecha en Colombia, que no es (Álvaro) Uribe, está aliado con el narcotráfico buscando que fuerzas en Colombia y Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia”, agregó el mandatario.

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