La Jueza Nacional Moira Fullana del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió provisoriamente los efectos del artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 21 de mayo de este año, que afectaba el derecho a huelga.
La acción de amparo había sido presentada por Rodolfo Aguiar, en su carácter de Secretario General de ATE, bajo el argumento de que el artículo en cuestión violaba garantías fundamentales como el derecho de huelga, el principio de progresividad y la libertad sindical. En ese marco, la Jueza consideró que la medida era viable y, en consecuencia, ordenó la suspensión del artículo hasta que se emita una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
En su resolución, la magistrada también declaró la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa y itió la viabilidad formal de la acción de amparo. Además, decidió diferir la imposición de costas y la regulación de honorarios para una etapa posterior del proceso.
A través de su cuenta de X, Aguiar celebró la decisión judicial y afirmó: "Es un triunfo de los trabajadores y trabajadoras. El gobierno no puede avasallar nuestros derechos con decretos arbitrarios. Seguiremos luchando para defender la libertad sindical y las conquistas laborales".
El dirigente también convocó a mantener la movilización para garantizar que la medida judicial se respete y adelantó que el gremio continuará con acciones legales y protestas hasta lograr la derogación definitiva del DNU.
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Desde el gremio de los estatales entienden que el fallo representa un alivio para los trabajadores. La medida cautelar asegura que, al menos temporalmente, no se aplicará el artículo cuestionado, lo que podría sentar un precedente para otras organizaciones sindicales que se encuentren en situaciones similares.
Por ahora, la suspensión del artículo 3° del DNU 340/25 marca un triunfo parcial para los trabajadores y reaviva el debate sobre el uso de decretos de necesidad y urgencia en materia laboral.
